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Exigen impugnar exoneración de 21 vinculados por caso Tierra Blanca

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exigieron a la Fiscalía General de la República impugnar la exoneración de 21 personas relacionadas con la desaparición y ejecución de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO

Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) impugnar la exoneración de 21 personas relacionadas con la desaparición y ejecución de cinco jóvenes en Veracruz.

Ambas instituciones pidieron a la Fiscalía interponer los recursos legales correspondientes contra la exoneración de dichas personas, entre ellas ocho servidores públicos, del delito de delincuencia organizada por los hechos ocurridos en Tierra Blanca, el 11 de enero de 2006.

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Recordaron que, de acuerdo con la investigación ministerial, policías estales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron y posteriormente ejecutaron a cinco jóvenes. Dichas personas enfrentan también procesos por desaparición forzada en el Tribunal Superior de Justicia Veracruz.

Ante ello, la CNDH y la CEAV llamaron a la Fiscalía General de esa entidad federativa a realizar las diligencias necesarias para que dichos procesos se mantengan de manera sólida y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para obtener las condenas respectivas.

En particular, la CNDH apuntó que el sistema de justicia penal acusatorio demanda la participación de personal ministerial debidamente capacitado y capaz de fundar y motivar ante el juez sus demandas contra las personas imputadas de delito.

También presentarle los resultados de sus investigaciones profesionales y científicas, que no dejen de lado línea alguna ni generen dudas que permitan a los probables responsables quedar exonerados y recuperar su libertad.

Planteó implementar políticas públicas dirigidas a incrementar la autonomía, profesionalización, capacitación y supervisión de las autoridades ministeriales, dotándoles de los protocolos y recursos necesarios para el desarrollo de su labor, así como a la conformación de servicios periciales robustos e independientes.

Ambas instancias subrayan que a las familias de las víctimas les asiste el derecho a una investigación pronta y efectiva que lleve al esclarecimiento de los hechos y sanción de las personas responsables de las conductas delictivas cometidas en su agravio.

Con información de Notimex

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